“Lo ilícito se acaba quitándole la i, para volverse lícito”.

La tendencia a recurrir al Derecho Penal como respuesta inmediata frente a toda manifestación de conflicto social es sin duda uno de los síntomas más evidentes de la fragilidad institucional de un Estado. Una política criminal robusta enfrenta la debilidad del sistema legal y la falta de acción del Estado para solucionar las causas profundas de los conflictos desde enfoques menos dañinos, especialmente cuando hay demasiadas leyes penales.

El Derecho Penal, tal como es hoy, debe ser la última opción cuando otras alternativas, como las administrativas, civiles, disciplinarias o la mediación social, no logran restablecer el equilibrio legal y proteger los derechos fundamentales. Sin embargo, en muchos sistemas legales actuales, esta lógica se ha invertido: el Derecho Penal ya no es solo un límite, sino que se ha convertido en la herramienta favorita del legislador. Ahora es un instrumento simbólico que se utiliza para mostrar eficacia política mediante la amenaza de castigos.

Es claro que un exceso de normas traería consecuencias graves. Así que un cuerpo penal saturado no solo diluye la gravedad de los delitos realmente lesivos, sino que además debilita el principio de proporcionalidad y transforma la función preventiva del castigo. Cuando el Derecho Penal se instrumentaliza, el Estado renuncia a su deber de educar, formar y promover soluciones justas. Esto genera problemas y situaciones graves.

Para los juristas, esta sobrerregulación punitiva es un termómetro claro de la salud jurídica de un país. Un ordenamiento que multiplica sus tipos penales sin fortalecer su estructura institucional demuestra una baja cultura jurídica y un déficit de gobernabilidad normativa. En otras palabras, cuando se legisla penalmente sobre todo lo que incomoda, es aceptar que el Estado fracasó en la misión más básica: garantizar el cumplimiento del derecho sin necesidad constante de represión y coerción.

En una sociedad funcional, el Derecho Penal no puede ser la primera respuesta. Su función legítima es intervenir solo donde el tejido social y las instituciones no alcanzan a reparar el daño o contener la amenaza. Convertirlo en el eje de la política pública equivale a normalizar la excepción, y con ello, a socavar silenciosamente los cimientos del Estado de Derecho.

Ahora bien, si sobretipificar no es una vía saludable, despenalizar no es gobernar mejor. Es común oír propuestas políticas que sugieren despenalizar ciertas conductas como una forma directa de mejorar las estadísticas del sistema penal y, así, mostrar una imagen positiva en política criminal.

Gustavo Petro ha querido vender esta idea, bajo la consigna de que reducir el número de tipos penales o descriminalizar comportamientos reduciría la crisis carcelaria y optimizaría los indicadores de la justicia. Pero lo que realmente está buscando con este planteamiento, aunque revestido de aparente pragmatismo, no es más que una falacia conceptual profunda que radica en confundir la función del Derecho Penal con la administración de cifras. Tratar de despenalizar por conveniencia estadística no es mejorar la política criminal; esto solo busca manipular y mostrar unos síntomas de una patología institucional más grave.

La política criminal debe equilibrar prevención, sanción y resocialización, no solo aumentar o disminuir delitos. Esto requiere madurez jurídica y social para priorizar la educación y la justicia sobre la coerción.

La sobrerregulación punitiva muestra que el Estado no gobierna bien. La solución no es solo eliminar leyes, sino crear un entorno donde no sean necesarias. Esto implica fortalecer la educación, garantizar empleos dignos, mejorar la seguridad jurídica y democrática, y ofrecer a los ciudadanos las condiciones materiales para no ser empujados hacia la marginalidad. En otras palabras, el camino no está en vaciar los códigos, sino en llenar las aulas.

Despenalizar sin educar es abdicar de la responsabilidad estatal de formar ciudadanos conscientes. Es renunciar a la función preventiva del Derecho para refugiarse en la comodidad de los números. Ninguna sociedad ha alcanzado el desarrollo reduciendo su Derecho Penal por decreto; lo ha hecho invirtiendo en educación, en cultura cívica y en un modelo de justicia que no criminaliza la pobreza, pero tampoco la normaliza.

La verdadera tragedia de los Estados que confunden la política criminal con la administración de percepciones radica en la ignorancia colectiva. Gobernar a una comunidad que piensa y se prepara exige transparencia, coherencia y responsabilidad; mientras que gobernar a un pueblo ignorante solo requiere discursos vacíos. Por eso, los gobernantes prefieren ciudadanos que acepten sin cuestionar, que se conformen con la narrativa del castigo o la despenalización sin entender sus implicaciones. La ignorancia, en ese sentido, se convierte en la más funcional de las herramientas de poder.

Un país que aspire a un verdadero Estado de Derecho no debe elegir entre castigar menos o castigar más, sino entre educar o seguir gobernando desde la ignorancia. Y mientras la educación siga siendo mediocre, mientras la cultura jurídica y democrática siga siendo débil, cualquier política criminal, sea represiva o despenalizadora, seguirá siendo un mero ejercicio de simulación institucional donde cualquiera puede sugerir que “lo ilícito se acaba quitándole la i, para volverse lícito”.