Las inversiones forzosas es plata de los ahorradores, no de los banqueros.

El gobierno del “cambio” presentó 5 decretos regulatorios en el marco de la emergencia económica, con los que espera recaudar 8 billones a través de impuestos a empresas para, según este, enfrentar los estragos de la crisis climática, que suenan a más derroche y corrupción en plena época electoral.

Sin embargo, es que además, Petro volvió a insistir en que impondrá a los bancos las llamadas "inversiones forzosas". Dicho así, parece que el gobierno le está cobrando a los ricos del sector financiero. Pero, como ocurre con frecuencia, la realidad es muy distinta: esa plata no es de los banqueros, es de los colombianos de a pie que tenemos nuestros ahorros en el sistema financiero.

Para que cualquier persona lo entienda: hoy los colombianos tenemos depositados $790 billones de pesos en bancos. Esa plata está protegida, tiene seguro de depósito y los bancos la prestan con criterios regulados y eficientes. Lo que propone el gobierno es quitarle un porcentaje de ese ahorro; se estima un 5%, es decir, $38 billones, para que sea el propio gobierno quien la administre.

¿Y eso qué significa en la práctica? Que si usted tiene $50 millones ahorrados, una parte de esa plata dejará de estar manejada con criterios del mercado financiero para pasar a ser administrada por el gobierno. ¿Eso lo deja tranquilo? Pues no debería.

Pero el problema no termina ahí. Lo más grave es que estas inversiones forzosas encarecen el crédito para todos. Si el gobierno saca una tajada de los fondos disponibles para prestarlos a un grupo específico de personas o sectores, el dinero que queda para el resto de la economía es menor. Y cuando hay menos plata para prestar, las tasas de interés suben (ley de oferta y demanda).

Los cálculos preliminares indican que quitarle el 5% de los depósitos al sistema podría aumentar las tasas de interés entre medio punto y un punto porcentual para el resto de los colombianos. Puede sonar poco, pero para una familia que está pagando un crédito de vivienda a 20 años, ese punto porcentual extra significa pagar $37 millones de pesos adicionales durante toda la vida del préstamo. ¿Para qué? Para subsidiar los créditos que el gobierno quiere darles a otros.

Y aquí viene otra pregunta incómoda: ¿quién asume el riesgo? Si el gobierno administra esa plata y presta, por ejemplo, en zonas de emergencia o a sectores específicos, el riesgo de que no paguen sigue estando. Y ese riesgo, dependiendo de cómo se diseñe la medida, terminará asumiéndolo el sistema financiero o, en últimas, otra vez los ahorradores. El Estado ha demostrado que ha sido pésimo administrador, entonces, ¿para qué arriesgar el dinero de los ahorradores, máxime en un gobierno como el actual que superó la corrupción de los últimos gobiernos llamados de derecha?

En una reciente entrevista, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, nos recordó que "en lo que va del siglo, la experiencia reciente en América Latina muestra que solo dos países han implementado inversiones forzosas: Venezuela con Hugo Chávez y Bolivia con Evo Morales”, para que nos demos cuenta para dónde va el agua al molino. Este tipo de medidas fueron populares en su momento, pero quedaron atrás porque demostraron ser ineficientes e intervencionistas. Hoy los países que quieren fomentar sectores productivos usan mecanismos como la banca de segundo piso, garantías o subsidios a tasas, y no sacarles plata del bolsillo a los ahorradores.

Lo más delicado de todo es el discurso con el que se vende esta medida. El gobierno dice que es para poner en cintura a los banqueros, para que paguen los ricos. Pero la realidad es que el que termina pagando es el ciudadano común: el que tiene sus ahorros en un banco y el que necesita un crédito para su negocio, su casa o sus estudios.

Si de verdad hay una emergencia económica por la situación de algunos departamentos, lo sensato sería pensar en alivios para los deudores afectados. Hoy hay 21 billones de pesos prestados exactamente en esas zonas. “¿Por qué no mejor diseñamos la forma de refinanciar, periodos de gracia o condiciones especiales para estos compatriotas?”, propone el señor Malagón. Eso sí sería ayudar sin meterle la mano al bolsillo de todos los colombianos.

Las inversiones forzosas suenan bonito en el discurso, pero en la práctica son un mecanismo que ya pasó de moda, que ha fracasado donde se ha intentado y que termina castigando siempre al mismo: al ciudadano de a pie. No nos dejemos confundir; las inversiones forzosas es plata de los ahorradores, no de los banqueros.