La paradoja del productor que paga como importador

Al cerrar 2025, una cifra resume una de las mayores contradicciones económicas de Colombia: El promedio fue de $16.000 pesos por galón de gasolina corriente. Para millones de colombianos que llenan su tanque cada semana, esta realidad resulta incomprensible en un país que produce petróleo. La comparación internacional revela no solo una anomalía, sino un modelo de precios que parece ignorar nuestra condición de nación petrolera, castigando la economía familiar y la competitividad empresarial.

La evidencia es contundente. Mientras Colombia supera la barrera psicológica de los $16.000 COP ($3.80 USD) por galón, países con realidades petroleras similares mantienen precios significativamente menores. Venezuela, con su producción recuperándose lentamente, mantiene precios simbólicos cercanos a $0.10 USD. Ecuador, también productor andino, registraba $3.20 USD. Pero la comparación más reveladora es con México: con una industria petrolera estatal robusta y capacidad refinadora superior, el precio mexicano se ubicaba en $3.90 USD a finales de 2025, apenas 10 centavos por encima del nuestro, pero con una oferta energética más estable y autosuficiente.

Lo verdaderamente paradójico surge al analizar países que no producen petróleo. Chile, que importa el 100% de su combustible, tiene precios de $5.40 USD, y Uruguay $6.30 USD. Su lógica es comprensible: pagan el costo completo de importación más márgenes e impuestos. Pero Colombia, siendo el cuarto productor de petróleo en América Latina, con reservas comprobadas y una producción que ronda los 780.000 barriles diarios, tiene una estructura de precios que se asemeja más a la de un país importador que a la de un productor.

La estructura de costos colombiana explica en parte esta distorsión. Según datos oficiales, el 52% del precio final corresponde al componente internacional, atado a la cotización del Brent. Esto significa que, aunque extraemos petróleo de nuestro subsuelo, nuestro precio interno se determina principalmente por mercados globales, como si el crudo colombiano saliera del país, se refinara en el exterior y regresara como producto terminado con todos los costos de intermediación. Los impuestos representan el 31%, una carga que incluye no solo IVA sino contribuciones especiales como el Impuesto al Carbono. Solo un 17% corresponde a márgenes y logística nacional.

Este modelo tiene consecuencias económicas concretas. Para finales de 2025, el incremento en los precios de combustibles había contribuido en aproximadamente 0.8% a la inflación anual, según el Banco de la República. El transporte de carga, vital para la cadena de suministro de alimentos y productos básicos, vio incrementar sus costos operativos entre 12% y 15%. Estas cifras no son abstractas: se traducen en canastas familiares más caras, menor poder adquisitivo y presión sobre las micro y pequeñas empresas que dependen del transporte para sus operaciones.

La reforma al Fondo de Estabilización de Precios (FEPC), aunque bien intencionada en su objetivo de focalizar subsidios, no resolvió el problema estructural. Mientras el precio internacional del Brent se mantuvo en un rango moderado de $78-$82 por barril durante gran parte del año, el precio interno colombiano escaló persistentemente hasta superar los $16.000 COP. Esta divergencia evidencia que el mecanismo actual funciona más como un amortiguador temporal que como una solución de fondo a la desconexión entre nuestra producción petrolera y nuestros precios al consumidor.

Comparando con otros productores, las diferencias en política energética saltan a la vista. Arabia Saudita ($1.80 USD) y Kuwait ($1.20 USD históricamente) utilizan sus recursos petroleros como herramienta de política social, subsidiando el consumo interno. Noruega, aunque tiene precios altos ($7.00 USD), invierte las ganancias petroleras en un fondo soberano que beneficia a toda la población. Indonesia y Malasia han implementado sistemas de subsidios inteligentes que protegen a los consumidores sin desincentivar la producción. Colombia, en cambio, parece haber adoptado un modelo híbrido que no termina de definir si prioriza el ingreso fiscal, la protección al consumidor o la rentabilidad del sector petrolero.

Mirando hacia 2026, las proyecciones son preocupantes. En un escenario conservador, se estima que el galón podría alcanzar los $17.000-$17.500 COP, especialmente si se mantiene la tendencia de reducción gradual de subsidios y el tipo de cambio se revierte hacia una presión alcista. Este panorama obliga a repensar urgentemente la política de precios de combustibles.

La solución no está en volver a subsidios generalizados insostenibles fiscalmente, sino en construir un nuevo modelo que reconozca nuestra condición de país productor. Esto requiere: primero, acelerar la modernización de nuestra capacidad de refinación para reducir la dependencia de importaciones de gasolina; segundo, revisar la estructura impositiva para hacerla más progresiva y menos dependiente de los combustibles como fuente de recaudo; tercero, establecer un mecanismo de formación de precios que refleje los costos reales de producción y refinación nacionales, no solo la referencia internacional; y cuarto, desarrollar una política energética integral que articule producción, refinación, precios y transición energética en una visión de largo plazo.

Mientras tanto, los colombianos seguiremos pagando un precio que no refleja nuestra realidad petrolera, una contradicción que afecta competitividad, equidad y la confianza institucional. El reto es cambiar este modelo para que producir petróleo beneficie a todos y no se convierta en “la paradoja del productor que paga como importador”

Entre tanto: El gobierno anuncia una rebaja en el precio del galos de gasolina, esperemos que no salga con otra “Petrochambonada” ahora que estamos en época de elecciones.