La gasolina, el impuesto más caro que pagamos.

En Colombia hay un consenso doloroso: llenar el tanque del carro o la moto duele cada vez más. Mientras el dólar baja y el precio del petróleo en el mundo se mantiene en niveles razonables, en las estaciones de servicio, los precios parecen anclados en otra realidad. La pregunta que ronda en las filas de las estaciones es simple, pero contundente: ¿por qué, si las condiciones internacionales mejoran, nosotros seguimos pagando lo mismo? La respuesta, aunque muchos no quieran reconocerla, es que el alto precio de la gasolina se ha convertido en un impuesto cómodo y silencioso para el Estado, y modificar la fórmula que lo sostiene es posible, pero requiere voluntad política.

Durante años, desde el Congreso se escucharon voces técnicas y bien documentadas que demostraban, con cifras en la mano, que la fórmula de cálculo del precio de la gasolina en Colombia es compleja y está sobrecargada de tributos y mecanismos que desvinculan el precio final del costo real del combustible. Estas voces presentaron alternativas claras: simplificar la estructura de precios, revisar los componentes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que hoy genera una deuda asfixiante, y ajustar los impuestos específicos para dar un respiro inmediato a los consumidores, sin poner en riesgo la estabilidad fiscal a largo plazo.

La conclusión era clara: sí es posible bajar el precio modificando la fórmula. El mecanismo actual no es una ley de la física; es una construcción política y económica que puede ser reformada. El precio que pagamos no es solo el del crudo internacional más la refinación; es el resultado de sumar hasta cinco componentes distintos, entre los que están el costo de importación, los márgenes de comercialización, el impuesto al carbono y, sobre todo, la llamada “estabilización”, que en la práctica funciona como un impuesto adicional que sostiene las finanzas del gobierno.

El problema de fondo es que el Estado se ha acostumbrado a este ingreso predecible y cuantioso. Bajar el precio de la gasolina significaría, en el corto plazo, una reducción en estos recursos. Y aquí aparece el verdadero dilema: la actual administración, al igual que las anteriores, no ha demostrado tener un plan claro para reemplazar esos ingresos de manera eficiente, ya sea recortando gastos superfluos, combatiendo la evasión y la corrupción, o impulsando una reactivación económica que amplíe la base de recaudo. En lugar de eso, prefieren mantener el impuesto sobre las rodillas de los ciudadanos, especialmente de aquellos para quienes el transporte es un bien esencial y no un lujo.

Este no es un tema abstracto. La gasolina cara encarece todo: el pasaje del bus, el costo de llevar alimentos a los mercados, la operación de las ambulancias y hasta el precio de un taxi para llegar al trabajo. Es un impuesto regresivo que golpea más fuerte a quien menos tiene. Mientras tanto, el argumento de “estabilizar” los precios se ha vuelto una ironía, porque lo único que estabiliza es el flujo de dinero hacia el fisco, a costa de la estabilidad económica de millones de hogares.

La solución no requiere magia, sino decisión. Primero, se debe realizar una auditoría técnica y transparente de la fórmula actual, con participación de expertos independientes, para identificar los sobrecostos y distorsiones. Segundo, hay que reformar el FEPC para que cumpla su verdadera función de protección contra volatilidad extrema, no de caja menor del gobierno. Tercero, se puede establecer un mecanismo de descuento temporal y focalizado en los impuestos al combustible para sectores esenciales como el transporte público y de carga, mientras se buscan fuentes de financiación alternativas.

Países de la región han demostrado que existen caminos creativos y técnicamente sólidos. Chile implementó un fondo de estabilización automático y transparente que suaviza los precios sin convertirse en un debate político mensual. Perú ha aplicado subsidios temporales y focalizados, protegiendo sectores claves sin generar deudas insostenibles.  Ecuador, tras décadas de subsidios generalizados insostenibles, avanza complejamente hacia un modelo más focalizado que prioriza a los más vulnerables. Incluso México, mediante la liberación del mercado y una plataforma pública de precios en tiempo real, le dio transparencia al sector y empoderó a los ciudadanos. Colombia lo puede lograr, lo que falta no es el conocimiento técnico (ya existen estudios y propuestas concretas), sino la voluntad política para priorizar el bolsillo de la gente sobre la comodidad fiscal del momento.

Mantener los precios artificialmente altos por miedo a un hueco en las finanzas es una política cortoplacista y cobarde. La verdadera habilidad de un gobierno se mide en su capacidad para proteger el poder adquisitivo de sus ciudadanos mientras asegura la sostenibilidad del Estado.

Los colombianos no estamos pidiendo un regalo. Estamos exigiendo un precio justo, acorde con la realidad del mercado y con nuestra capacidad de pago. La gasolina no es un artículo suntuario; es un insumo básico para la economía popular. Tratarla como un lujo es una burla a quienes mueven el país todos los días. Es hora de que el gobierno demuestre que piensa en la gente, no solo en sus cifras. El primer paso es simple: modificar la fórmula y bajar el precio. El silencio y la inacción ya no son una opción teniendo en cuenta que contamos con la gasolina, el impuesto más caro que pagamos