Firmas que no cuadran, el surrealismo electoral colombiano

El sistema electoral colombiano enfrenta una de sus más graves contradicciones. Con un censo electoral de 39 millones de personas habilitadas para votar, asistimos al espectáculo de 91 precandidatos presidenciales recogiendo firmas para su inscripción. En lógica matemática, si cada uno presenta lo requerido, 635.216, tendríamos un poco más de 58 millones. Pero la realidad es escandalosa: muchos aspirantes reportan recolecciones masivas que en total superarán las 100 millones de firmas.

Esta disparidad numérica, que haría sonrojar a cualquier estudiante de primaria, desnuda las profundas grietas de nuestro sistema político. La explicación más evidente apunta a un fenómeno generalizado de compra de firmas, una práctica que se ha convertido en el cáncer silencioso que carcome los cimientos de nuestra democracia.

El absurdo numérico se vuelve aún más evidente al considerar otro factor clave: la abstención. Históricamente, en Colombia solo vota alrededor del 55% del censo. Esto significa que, en la práctica, el universo de ciudadanos suficientemente motivados para participar ronda los 21 millones. La pregunta entonces es obligatoria: ¿cómo es posible que de un grupo de 21 millones de votantes potenciales se puedan extraer hasta 100 millones de firmas para respaldar a 91 precandidatos?

La respuesta está en que el sistema permite, e incluso incentiva, tres distorsiones fundamentales. Primero, la firma múltiple, donde un ciudadano respalda a varios candidatos, vaciando de significado el concepto de apoyo único y convirtiendo un derecho cívico en un recurso renovable. Segundo, la fabricación de apoyo mediante firmas falsas o mal verificadas, creando un ejército fantasma de adherentes. Y tercero, la más corrosiva: la mercantilización del respaldo, donde la dificultad de conseguir apoyos genuinos convierte la firma en una mera transacción comercial, degradando por completo el proceso democrático.

Pero quizás la distorsión más corrosiva sea la mercantilización del respaldo. Ante la dificultad real de conseguir cientos de miles de apoyos genuinos, muchos candidatos encuentran más sencillo recurrir al expediente de pagar por ellos. Así, lo que debería ser un derecho cívico y un acto de participación política se degrada hasta convertirse en una simple transacción comercial, donde el respaldo ciudadano tiene precio en el mercado político.

Este fenómeno no es solo una curiosidad estadística; es la puerta de entrada a un circuito de beneficios. Un candidato que logra inscribirse por firmas accede a un reembolso que puede alcanzar los 1.500 millones de pesos, además de financiación pública, acceso a medios y otros privilegios. La inversión inicial en la recolección (lícita o ilícita) puede así convertirse en un negocio.

El caso del precandidato que afirma tener más de cuatro millones de firmas es el ejemplo perfecto de esta distorsión. Esta cifra representaría, ella sola, aproximadamente el 10% de todo el censo electoral y cerca del 20% de los votantes efectivos. Es una hazaña que, en el contexto de una democracia fragmentada y con alta abstención, no se sostiene sin recurrir a las prácticas antes mencionadas.

Cuando las matemáticas básicas fallan, la democracia se resiente. Este sistema distorsionado tiene consecuencias profundas:

El mecanismo actual desnaturaliza la competencia electoral al privilegiar, no al candidato con más ideas o respaldo genuino, sino a quien cuenta con mayores recursos para financiar una maquinaria de recolección de firmas que a menudo opera al borde de la legalidad. Esta práctica, a su vez, alimenta el cinismo ciudadano, ya que los votantes perciben que el acceso a la contienda está viciado desde su origen, lo que profundiza la desconfianza hacia todas las instituciones. Como consecuencia, se construyen candidaturas sobre una base de apoyo artificial, generando una representación falsa que desconecta a la clase política de las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

La solución no es eliminar las firmas como mecanismo de participación, sino reformular el sistema para que sea creíble y viable, por lo cual se debería implementar un mecanismo que evite que un ciudadano suscriba su apoyo a múltiples candidatos. Corresponde al Consejo Nacional Electoral, a su vez, desarrollar la capacidad y demostrar la voluntad política para auditar los procesos de recolección e invalidar aquellas candidaturas que presenten inconsistencias. Es igualmente crucial fomentar la comprensión de que una firma constituye un acto de respaldo político con consecuencias tangibles, trascendiendo su dimensión puramente procedimental. Por último, es imperativo evaluar si los elevados reembolsos estatales están fomentando un circuito de transacción mercantil de los avales ciudadanos.

Las elecciones de 2026 no pueden construirse sobre una base tan frágil y cuestionable, donde las firmas no suman, sino que se multiplican de manera artificial en un sistema que, en lugar de sumar credibilidad, le resta legitimidad a toda la democracia. Es hora de que la clase política y las autoridades electorales se enfrenten a esta ecuación imposible y le encuentren una solución que, por fin, tenga sentido. No podemos permitirnos continuar en un escenario de firmas que no cuadran, el surrealismo electoral colombiano.