¿Es necesaria una nueva Constituyente?

La propuesta del gobierno de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha encendido un debate que, más allá de lo jurídico, toca la fibra de la estabilidad y las prioridades. En un país que clama por soluciones, la idea de reescribir la actual carta magna, considerada una de las más progresistas de la región, se presenta como una distracción costosa, inoportuna y, potencialmente, peligrosa. 

Los miembros del Pacto Histórico han manifestado que la actual Constitución está mandada a recoger, por lo que se requiere una ANC para lograr desbloquear las reformas sociales que el país necesita. Sin embargo, un análisis sereno de la realidad muestra que esta propuesta, en el momento actual, es una pésima idea.

Desde varios sectores se ha planteado una férrea oposición a una nueva constituyente, fundamentada en sólidos argumentos que van desde la ineficacia política hasta el riesgo de fractura social.

Convocar a una ANC no debe ser un capricho de un solo partido, sino un proyecto de Nación que exige un consenso mayoritario. Hoy, los colombianos están profundamente divididos, al punto que los niveles de polarización han alcanzado niveles históricos, con una oposición política y amplios sectores sociales a los que no les suena la idea para nada. Intentar impulsar una reforma estructural de esta magnitud sin un pacto social amplio no solo la condena al fracaso, sino que la despoja de legitimidad desde su origen. Imponer una Constituyente en las actuales circunstancias solo servirá para incrementar el fuego del actual conflicto político.

La discusión se agrava con la sola posibilidad de tener a los de las FARC en altos cargos del Estado, una realidad que surge como resultado de los acuerdos de La Habana, que genera un profundo rechazo e inconformidad. Para muchos, tener que ver personajes que fueron los actores principales de la violencia en posiciones de poder desde donde se impulsa una reforma constitucional, erosiona la legitimidad moral del proceso.

Convocar y llevar a cabo una constituyente es un proceso monumental en términos de recursos. Los estimados económicos hablan de miles de millones de pesos. Semejante inversión financiera y logística, en un contexto de limitación fiscal, es indefendible. El país necesita esos recursos para atacar los problemas más urgentes: financiar la educación, cerrar la brecha de infraestructura, fortalecer la seguridad y garantizar la salud. Desviar el foco y el dinero hacia un debate constitucional de incierto final es una irresponsabilidad política.

La sola mención de una ANC introduce una profunda incertidumbre jurídica y política, debido a que implicaría reformar temas fundamentales como la estructura del Estado, el sistema de justicia o la propiedad. Lo anterior será percibido de inmediato por los mercados, los inversionistas y los agentes económicos, quienes reaccionan con cautela o, incluso, con la retirada de capitales. En un momento donde se necesita confianza para impulsar el crecimiento, la Constituyente es un generador de volatilidad que socava la estabilidad económica del país.

Colombia tiene una agenda de urgencias inaplazable: la lucha contra la corrupción endémica y el control de una escalada de inseguridad en los territorios. Pretender reformar la Constitución no es más que una distracción que desplaza la atención de estas prioridades. No se puede pretender reformar la ley fundamental si las leyes actuales no se cumplen ni se implementan con rigor. La solución no es cambiar la Constitución, sino hacerla cumplir.

La propuesta ha carecido de un mandato claro. ¿Qué temas se van a reformar? ¿Es para cambiar el modelo económico? ¿El sistema político? La confusión genera desconfianza y permite que cada sector la interprete como mejor le parezca. Reformar la Constitución solo es viable si se parte de un diagnóstico transparente sobre sus fallas y se establecen estrictamente los temas a ser susceptibles de reformar, algo que no se ha hecho de manera convincente.

La historia nos ha demostrado que las Asambleas Constituyentes pueden ser instrumentalizadas para perpetuar en el poder un proyecto político. Existe el riesgo latente de que el Gobierno, haciendo uso de su influencia y recursos, manipule el proceso, la elección de los constituyentes y el debate de los temas, buscando eliminar contrapesos democráticos que hoy le resultan incómodos. Una ANC en estas condiciones podría no ser un ejercicio de soberanía popular, sino una estrategia para imponer la voluntad de una minoría organizada sobre el diseño institucional de un Estado.

La mayoría de los colombianos están percibiendo esta ANC más como una estrategia electoral y política y menos como una verdadera necesidad del Estado. Petro necesita movilizar su base social y revitalizar su agenda legislativa ante un Congreso que le ha sido esquivo. Con esta propuesta, el Gobierno busca alcanzar dos claros objetivos de corto plazo:

·      La movilización social, que no es más que inyectar energía a sus bases, obligándolas a defender y presionar por el "cambio" por fuera de las vías institucionales.

·      El debate constitucional, que, aunque no se concrete, dominaría la agenda mediática y política, sirviendo como plataforma de lanzamiento para futuras contiendas electorales, tanto legislativas como presidenciales.

Ahora bien, lo que no se puede desconocer es que el tiempo que queda en el actual periodo presidencial es insuficiente para llevar a cabo un proceso constituyente serio y riguroso. Por lo tanto, el verdadero riesgo está en que se use como una herramienta de tensión permanente que impide gobernar con serenidad y distrae al país de las reformas reales y urgentes que hoy realmente el pueblo necesita. La Constitución de 1991 ofrece todas las herramientas para el cambio; lo que falta es la voluntad política para implementarla, no para reescribirla; por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿Es necesaria una nueva Constituyente?