El falso dilema del salario mínimo, la inflación y el desempleo en Colombia

Como columnista, observo con frecuencia cómo el debate sobre el salario mínimo se enmarca en un discurso economicista, reduccionista, casi dogmático: “Subir el salario, destruye empleo y acelera la inflación”. Sin embargo, un análisis serio de la última década desmonta este relato y revela que estamos ante un mito político, no ante una verdad económica incuestionable. Este mito, repetido hasta el cansancio por ciertos sectores, sirve más para defender un statu quo de bajos ingresos que para entender la compleja realidad del mercado laboral.

La evidencia empírica es elocuente. Entre 2015 y 2025, el salario mínimo nominal prácticamente se duplicó, con incrementos anuales que en varios años (2022, 2023 y 2024) superaron holgadamente la inflación del período anterior. Si el dogma fuera cierto, deberíamos haber visto una curva de desempleo en ascenso permanente y una inflación crónicamente alta. Los datos del DANE muestran lo contrario.

El desempleo es una variable estructural no salarial en Colombia, que responde más a shocks externos y a la profunda informalidad estructural que a los ajustes del salario mínimo. Su pico histórico (15.9% en 2020) fue producto exclusivo de la pandemia, no de un incremento salarial. La recuperación posterior, que llevó el desempleo a un 10.2% en 2023, ocurrió precisamente en los años de los aumentos salariales más significativos (16% en 2023 y 12% en 2024). Esto sugiere que factores como la reactivación económica, el consumo interno y la dinámica de sectores específicos tienen un peso infinitamente mayor en la generación o destrucción de empleo. El mercado laboral colombiano, donde menos de la mitad de los asalariados gana exactamente el mínimo, es demasiado complejo para que un solo precio lo determine todo.

La inflación es un fenómeno multicausal, por eso atribuirla al salario mínimo es un ejercicio de simplificación peligroso. El gran pico inflacionario de 2022 (13.12%) tuvo su origen en una tormenta perfecta de factores globales: la guerra en Ucrania, los cuellos de botella en las cadenas de suministro post-pandemia y una fuerte devaluación del peso. Estos elementos, completamente exógenos a la mesa de concertación salarial, fueron los verdaderos detonantes. De hecho, el salario mínimo de 2022 (aumento del 10.1%) fue inferior a la inflación de ese año, lo que significó a los trabajadores pérdida de poder adquisitivo. La posterior desaceleración inflacionaria en 2023 y 2024 es, en considerable medida, resultado de la agresiva política monetaria contractiva del Banco de la República (tasas de interés históricamente altas), no de una moderación salarial. La inflación ya estaba en descenso cuando se decretó el aumento del 12% para 2024.

Entonces, ¿por qué persiste el mito? Aquí entra la política. Este relato cumple funciones políticas precisas: 1. Disciplina social:  Presenta los aumentos salariales como un riesgo para la estabilidad económica, creando un clima de miedo que desincentiva demandas por mejores condiciones.  2. Redistribución del conflicto:  Traslada la responsabilidad de la inflación de las dinámicas globales y las políticas macroeconómicas a la negociación entre trabajadores, empleadores y el gobierno.  3. Mantenimiento de rentas:  Defiende, en última instancia, la porción de la renta que va al capital frente a la que va al trabajo.

Esto no significa que el salario mínimo deba fijarse de manera arbitraria o desconectada de la productividad. Las recomendaciones de incrementos graduales y predecibles son sensatas. Pero el argumento central es otro: no podemos permitir que un postulado teórico, desmentido por los hechos, paralice una política pública clave para la justicia social y la demanda interna. Un salario mínimo digno es, ante todo, un instrumento de ciudadanía económica. Reduce la desigualdad, fortalece el consumo de los hogares más vulnerables (que es el que más rápidamente se traduce en demanda efectiva) y puede, en contextos de alta informalidad como el colombiano, ejercer un “efecto faro” que presione hacia mejores condiciones en el mercado laboral en su conjunto.

En conclusión, la última década en Colombia nos muestra que el fantasma del desempleo y la inflación descontrolada por cuenta del salario mínimo es, en gran medida, un espantajo político. La realidad es más matizada y está dominada por factores macroeconómicos, shocks externos y la estructura misma de nuestro mercado de trabajo. Como sociedad, debemos aspirar a un debate más honesto, que deje de usar a los trabajadores de bajos ingresos como chivo expiatorio de problemas económicos de origen mucho más complejo y que reconozca el salario mínimo como lo que es: una herramienta fundamental, no para generar distorsiones, sino para construir un piso mínimo de dignidad y un motor de consumo popular. Abandonar este mito es el primer paso para diseñar políticas laborales que sean a la vez justas y económicamente sensatas, sin caer en el falso dilema del salario mínimo, la inflación y el desempleo en Colombia.