El despilfarro y la corrupción de las consultas

En la plaza pública de la democracia colombiana hay una cuenta que todos los ciudadanos pagan, aunque muchos ni siquiera sepan que están autorizando la transferencia. Se trata del costo multimillonario de las consultas interpartidistas, esos ejercicios donde los partidos políticos eligen a sus candidatos con dinero de todos los colombianos.

Las cifras hablan por sí solas y pintan un retrato preocupante. En los últimos años, el calendario electoral muestra dos majestuosas jornadas de consultas presidenciales que han dejado una huella profunda en las arcas nacionales.

El 13 de marzo de 2022 quedará registrado no solo por los resultados políticos, sino por su impacto fiscal. Ese día, el Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza realizaron tres consultas simultáneas que representaron un costo total de $450.000 millones de pesos. Para dimensionar esta cifra: equivale a construir 30 colegios de alta calidad o financiar la educación universitaria de 25,000 jóvenes durante un año completo.

Pero el detalle revela más matices. Los precandidatos de esas tres consultas reportaron gastos de campaña por $37.508 millones de pesos, dinero que el Estado está obligado a reponerles. Aquí surge la primera paradoja: los ciudadanos financian tanto la logística electoral como las campañas de quienes buscan representarlos.

Retrocediendo en el tiempo, el 11 de marzo de 2018 había marcado un precedente. Las consultas "Gran Consulta por Colombia" e "Inclusión Social" movilizaron nuevamente toda la maquinaria estatal, cuyo costo fue de $310.000 millones. Previamente, el Partido Liberal había realizado una consulta interna en 2017 con un costo cercano a $70.000 millones de pesos, dando una idea del volumen de recursos en juego.

Pero el futuro inmediato es aún más elocuente. El pasado 26 de octubre de 2025 se llevó a cabo la consulta del Pacto Histórico que definió su candidato presidencial y candidatos al Congreso, con un costo proyectado de $200.000 millones de pesos.

La verdadera sorpresa llega en marzo de 2026, cuando las consultas presidenciales de las distintas coaliciones podrían costar a los colombianos entre $700.000 y $750.000 millones de pesos. Esta cifra astronómica explica por qué el debate sobre el financiamiento de las consultas ha ganado tanta fuerza en el ámbito público.

¿Cómo se explica este monumental desembolso?  El mecanismo es claro y está institucionalizado. Cuando los partidos políticos solicitan a la Registraduría que sus procesos internos se realicen de manera simultánea con las elecciones ordinarias, el Estado debe garantizar toda la logística: tarjetones específicos para cada consulta, puestos de votación, kits electorales, transporte y el despliegue humano de jurados de votación.

La ironía reside en que se debe habilitar toda la infraestructura electoral para los más de 39 millones de ciudadanos aptos para votar, sin importar que la participación final en la consulta sea mínima. Es como preparar un banquete para miles cuando solo llegarán docenas de comensales.

El origen de este sistema se remonta a las reformas democratizadoras de principios del siglo XXI, particularmente el Acto Legislativo 01 de 2003. Buscaban romper el poder de las maquinarias políticas y abrir los procesos de selección de candidatos a las bases partidistas. La intención era noble: más democracia interna, más transparencia, más participación.

Pero entre la teoría y la práctica se ha abierto un abismo financiero.  La paradoja reside en que, para garantizar la democracia interna de los partidos (un asunto privado de las colectividades), se utiliza el dinero público (la plata de todos los colombianos).

Se genera un costo altísimo que muchos críticos consideran injustificado y desproporcionado, dada la baja participación que tienen las consultas.

Mientras Colombia debate cómo financiar la educación, la salud y la infraestructura, el sistema electoral sigue consumiendo recursos que podrían destinarse a necesidades más urgentes. Las consultas han generado un costo alto que pone en duda su sostenibilidad y requiere reflexionar sobre la financiación estatal de procesos que deberían ser responsabilidad de los partidos.

Al final, los ciudadanos pagan dos veces: con sus impuestos y con la renuncia a servicios públicos de mejor calidad. La democracia tiene un precio, pero la pregunta que flota en el aire es si los ciudadanos no estarán pagando, en realidad, por el despilfarro y la corrupción de las consultas.

Entre tanto: El CNE definió el nuevo valor de reposición por voto válido, pasando en tan solo tres meses de $2.500 a $8.287, para las consultas presidenciales, sin dar ninguna explicación de este incremento.