¿Dónde está la fuerza pública?

En Colombia, nuestra fuerza pública supera los 478.000 efectivos, entre militares, armada, fuerza aérea y policías, un gigante que, incluyendo los civiles en las distintas dependencias, supera el medio millón de personas. Las cifras son contundentes, pero la realidad que revelan es aterradora.

Este coloso estatal se enfrenta a los grupos narcoguerrilleros, los cuales no superan los 22.000 integrantes. Esta desproporción numérica abrumadora, lejos de ser un consuelo, es la evidencia más cruda de una falla estructural monumental. Una ventaja que, en lugar de garantizar seguridad, coincide con un país que retrocede aceleradamente hacia los peores tiempos de violencia. Entonces nos preguntamos: ¿por qué este impresionante despliegue de fuerza no se traduce en control territorial ni paz para los ciudadanos?

En cualquier lógica militar o de seguridad, una ventaja de más de 20 a 1 debería significar un control absoluto del territorio. Sin embargo, la realidad colombiana es la antítesis de esta premisa. Ciudadanos de departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar, tan solo por mencionar algunos, viven bajo el yugo de grupos ilegales que, con una fracción mínima de los efectivos del Estado, imponen su ley, cobran vacunas, reclutan menores y siembran el terror. La pregunta que grita desde los territorios es inevitable: ¿Dónde está esa fuerza abrumadora? La respuesta es tan compleja como dolorosa; atrapada en una lógica burocrática, reactiva y, en muchos casos, ineficiente.

El problema de fondo no es necesariamente el número, sino para qué y cómo se utilizan. Un ejército de 223.150 soldados, la armada con 56.400 marines, 13.650 en la fuerza aérea y 185.000 policías no se traducen en seguridad ciudadana. Se traducen, en cambio, en un gigantesco con un presupuesto que supera los $60 billones, distribuidos en salarios, pensiones, gastos de operación y mantenimiento de una maquinaria que, según los hechos, no está ganando la guerra. Es la paradoja del elefante que no puede cazar mosquitos: inmenso en tamaño, pero incapaz de erradicar las pequeñas y letales picaduras que enferman al cuerpo nacional.

La solución del Estado durante décadas ha sido la misma: pedir más efectivos, lo cual es un reflejo condicionado. Ante una crisis de seguridad, la respuesta es un nuevo batallón o un aumento de pie de fuerza. Pero esta estrategia ignora por completo la naturaleza del conflicto moderno. Los grupos narcoguerrilleros de hoy no son los frentes extensos de las FARC de los años 90; son estructuras flexibles, descentralizadas, que se integran con facilidad en las comunidades. Combaten con fusiles, pero su poder real emana del control económico del narcotráfico y del sometimiento social de las comunidades.

Frente a esta amenaza híbrida, ¿de qué sirve tener cientos de miles de soldados concentrados en cuarteles o realizando operaciones relámpago, si no hay una presencia permanente, inteligente y legitimada en los territorios? La seguridad no se construye solo con operaciones militares; se edifica con instituciones creíbles, justicia eficaz, oportunidades económicas y un Estado social que llega donde hoy solo llegan los actores ilegales. La desproporción de 500.000 vs. 22.000 evidencia que el problema no es de cantidad, sino de calidad, estrategia y coordinación.

El verdadero escándalo no es solo la aparente ineficacia, sino el altísimo costo de oportunidad. Los billones invertidos en mantener este aparato de seguridad podrían estar transformando el país. ¿Cuántos kilómetros de vías terciarias se podrían pavimentar? ¿Cuántos cupos en universidades se podrían financiar para arrebatarle jóvenes al reclutamiento ilegal? ¿Cuántos centros de salud podrían funcionar las 24 horas? Cada soldado o policía adicional representa una inversión que se deja de hacer en las causas profundas de la violencia.

De otra parte, la corrupción es otro cáncer que todos prometen combatir, pero que nadie extirpa, y se mantiene a sus anchas dentro de la propia institución. Escándalos de desvío de recursos, de colaboración con grupos ilegales o de pasividad deliberada manchan la credibilidad de la fuerza pública y minan la confianza de los ciudadanos. ¿De qué nos sirve tener medio millón de integrantes en la fuerza pública si la población no confía en ellos? La seguridad es, ante todo, un bien público que se basa en la cooperación y la confianza entre la comunidad y sus protectores. Cuando ese vínculo se rompe, los números se vuelven irrelevantes.

Colombia retrocedió porque insistió en aplicar las recetas de hace 30 años. Seguir ampliando un pie de fuerza, sin una reforma profunda que lo haga más ágil, inteligente y conectado con las comunidades, condenando al país a más décadas de violencia. No se trata de desmantelar la fuerza pública, sino de optimizarla. Se requiere una auditoría seria de sus estructuras, una reingeniería de sus mandos y, sobre todo, una voluntad política férrea para integrar la acción militar con una política social robusta. 

Es hora de que la clase política tenga el valor de poner sobre la mesa este tema tabú. La seguridad no se mide por el número de uniformados, sino por la libertad de un campesino para recorrer su tierra, por la tranquilidad de un niño yendo a la escuela y por la esperanza de una comunidad de vivir en paz. Mientras medio millón de personas bajo bandera no puedan garantizar eso frente a 22.000 delincuentes, el elefante blanco seguirá siendo el símbolo de un Estado que gasta mucho, pero protege poco. El control lo tiene la delincuencia porque hemos confundido la masa con la inteligencia, la cantidad con la estrategia. Y en esa confusión, algunos nos preguntamos: ¿Dónde está la fuerza pública?