Colombia, presa de un Congreso arrodillado, por su silencio cómplice.

En cualquier democracia con instituciones que honran su Constitución, el cúmulo de escándalos y graves cuestionamientos que hoy rodean a la Presidencia de la República habría provocado hace tiempo un sismo institucional de consecuencias definitivas. Desde indicios de financiación ilícita que traen a la mente los peores fantasmas del pasado, hasta una gestión que muchos tildan de destructiva para la economía y la estabilidad social, el panorama político y ético es, por decir lo menos, sombrío.

Pero, ¿por qué el Congreso colombiano, el guardián principal de nuestra Carta Magna y la única autoridad con poder para juzgar a un presidente, permanece en un estado de inmovilismo paralizante? ¿Por qué la maquinaria del juicio político y la destitución, una herramienta que existe precisamente para momentos de crisis institucional y desvío del poder, sigue oxidada, inoperante y, lo que es peor, silenciosa? La respuesta a esta inacción nos obliga a mirar un espejo profundamente roto, el de la dignidad, la valentía y la ética de nuestros representantes. 

Los colombianos tienen una lista de preocupaciones que superan las simples diferencias de opinión o diferencias ideológicas, que por sí solas no serían suficientes para destituir al presidente. En cambio, las preocupaciones actuales se centran en cuestiones más graves relacionadas con la legalidad y la idoneidad para ocupar tan alta dignidad.

Para empezar, las graves denuncias sobre un presunto abandono sistemático de las funciones presidenciales bajo la cuestionada figura de "agenda privada" no pueden ignorarse. Un presidente debe estar al servicio de la nación 24 horas al día, siete días a la semana. Un gobernante que presuntamente se aparta de sus obligaciones por asuntos personales o de salud está comprometiendo la continuidad del servicio público y la seguridad nacional, lo cual es, en esencia, una violación de su juramento constitucional.

En segundo lugar, la debacle económica y social. Los hechos son tozudos: la deuda pública se dispara, la economía se estanca y, en el colmo de la irresponsabilidad, el sistema de salud está al borde del colapso, creando una emergencia humanitaria silenciosa. Si el presidente tiene la responsabilidad de asegurar los objetivos básicos del Estado y proteger los derechos fundamentales de los colombianos, su gestión está cometiendo un error grave al debilitar estos pilares. Algunos expertos legales podrían ver esto como una falta al deber constitucional. 

En tercer lugar, la sombra de la financiación oscura. Las revelaciones sobre el presunto Pacto de la Picota, las investigaciones que vinculan al hijo del presidente con la recepción de dineros de dudosa procedencia y el fantasma de la financiación irregular de la campaña apuntan directamente al delito. Hasta el propio exministro del Interior amenazó con revelar este tema. Si se prueba que el presidente o su círculo cercano conocieron y se beneficiaron de dineros ilegales, estamos hablando de un delito grave que anularía la legitimidad de origen de su mandato. La "Paz Total" corre el riesgo de ser vista como una mera fachada para proteger a aliados que habrían aportado a la campaña, lo cual constituiría un abuso de poder y un potencial prevaricato. 

En cuarto lugar, la alerta global y la Lista Clinton. La inclusión del presidente, su esposa, su hijo y su ministro del Interior en la temida Lista Clinton (OFAC) por parte del gobierno de Estados Unidos no es una sentencia judicial ni solo una crítica política de los Estados Unidos. Es una designación financiera que implica presuntos vínculos con actividades ilícitas y que, de facto, afecta la reputación y la capacidad de Colombia para negociar y cooperar internacionalmente. Este hecho, por sí solo, menoscaba la dignidad del cargo y atenta contra la estabilidad geopolítica de la nación.

Finalmente, el desacato institucional. El presidente no tiene un día sin entablar una pelea. Los ataques e insultos permanentes contra el Congreso, la Justicia, los expresidentes, el sector empresarial y líderes internacionales (EE. UU., Israel, Perú, Argentina, etc.) demuestran una grave falta de prudencia. Esta conducta erosiona la colaboración armónica de los poderes públicos, lo que evidencia una peligrosa incapacidad para el cargo.  

La inacción del Congreso colombiano ante los graves cuestionamientos al presidente es un asunto de falta de voluntad política y moral, no de escasez de causales. 

La destitución no avanza porque el proceso está paralizado en la Comisión de Acusaciones y por las "dolorosas hipótesis" que definen la política nacional:

1.    Existe la sospecha de que la mayoría parlamentaria está arrodillada al Ejecutivo para mantener favores, puestos y recursos. La lealtad al presidente de turno, impulsada por el miedo a perder estos privilegios, pesa más que el deber de proteger la República, lo que se considera una "corrupción por omisión".

2.    Se repite la cobardía institucional del proceso 8.000, cuando el Congreso se negó a destituir al entonces presidente Ernesto Samper a pesar de las pruebas de dineros del narcotráfico en su campaña. Esta historia, que se repite, demuestra que hay una preferencia por la complacencia política sobre la ética.  

Ese silencio y la inacción del Congreso solo demuestran una traición del mandato popular. Esta protección al presidente, a pesar de todas las evidencias que resquebrajan la institucionalidad, envía un mensaje inequívoco: “La ley solo aplica para los débiles”.  El futuro para seguir manteniendo la democracia requiere que los representantes demuestren dignidad y cumplan con la constitución; de lo contrario, tendremos una Colombia presa de un Congreso arrodillado, por su silencio cómplice.