El silencio que necesitan las víctimas

América Latina entra en una nueva etapa de su discusión sobre seguridad. Durante años, el debate se centró en cómo combatir al delincuente, pero cada vez resulta más evidente que el desafío es otro: enfrentar organizaciones criminales capaces de controlar territorios, manejar economías ilegales y seguir dando órdenes desde las propias cárceles.

Cuatro países ensayan una respuesta semejante: el CECOT en El Salvador, la Cárcel del Encuentro en Ecuador, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) en Costa Rica y Renacer en Colombia. Son una nueva generación de establecimientos diseñados para aislar a los criminales más peligrosos y cortar sus comunicaciones con el exterior. La premisa es sencilla: quien pierde la libertad no debería conservar la capacidad de ordenar asesinatos, extorsiones o reclutamientos.

El Salvador inauguró el CECOT a finales de enero de 2023, con capacidad para 40.000 internos, dentro de una estrategia más amplia. Según cifras oficiales, el país pasó de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025. Sin embargo, sería un error atribuir esa transformación solo al CECOT: también influyeron las operaciones policiales y militares, las capturas masivas, las reformas legales y el régimen de excepción vigente desde 2022.

La otra cara de esa experiencia tampoco puede ignorarse. Organizaciones humanitarias han denunciado miles de posibles violaciones de derechos humanos y más de 500 muertes bajo custodia estatal. Una política de seguridad puede ser contundente, pero cuando el Estado abandona el debido proceso, pierde parte esencial de su legitimidad. La seguridad no puede convertirse en licencia para la arbitrariedad.

En Ecuador, la Cárcel del Encuentro comenzó a operar el 10 de noviembre de 2025, con capacidad para unos 800 reclusos, inhibición de señal y custodia militar. Su propósito es impedir que los cabecillas sigan gobernando desde prisión. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, la cifra más alta de su historia; la cárcel apenas operó las últimas semanas, así que esa cifra no mide su efecto, pero sí recuerda que una megacárcel, por sí sola, no constituye una política de seguridad.

En Costa Rica, el CACCO fue inaugurado el 14 de octubre, junto a la cárcel La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José. Tiene capacidad para 5.100 reclusos, aún no ha recibido internos y está inspirado en el CECOT de Nayib Bukele.

Colombia tiene la oportunidad de aprender de esos casos. Renacer, en Sábanas de San Ángel (Magdalena), tendrá capacidad para 1.974 internos y registra un avance superior al 85 % tras años de retrasos por falta de recursos.

Su reactivación plantea una discusión que no debería reducirse a estar a favor o en contra de las cárceles de máxima seguridad. El presidente Abelardo De La Espriella resumió la filosofía del modelo con una frase contundente: cárceles “donde no entre ni la señal de la Santa Cruz”. Más allá de la provocación política, el mensaje apunta a un problema real: si un condenado puede comunicarse libremente con el exterior y seguir dando órdenes, la prisión no cumple plenamente su propósito.

Según el Ministerio de Justicia, el 17 % de las extorsiones se ordenarían mediante llamadas desde prisiones. Si la cifra es correcta, mantener intacta la comunicación de los cabecillas es mantener parte de su poder criminal. Impedir que las órdenes salgan de las cárceles no es una idea descabellada. Lo irresponsable sería creer que un muro, por alto que sea, puede sustituir la presencia del Estado en los territorios, la inteligencia criminal, la investigación financiera, una justicia eficaz y una política social que reduzca las condiciones que alimentan el delito.

Pero hay otra pregunta que merece un lugar central: ¿quién habla por las víctimas? Detrás de una extorsión hay un comerciante que puede perder su negocio; detrás de una amenaza, una familia que cambia su manera de vivir; detrás de un homicidio, una persona que nunca regresó a casa; y detrás del desplazamiento, una familia que perdió su territorio.

Eso no significa que los derechos de los presos puedan desconocerse. Como Colombia pretende ser un Estado de derecho, quienes lleguen a Renacer deberán hacerlo con sentencia y debido proceso, y la operación de la cárcel tendrá que someterse a vigilancia judicial y a mecanismos independientes de control. El aislamiento no puede convertirse en tortura, ni la firmeza confundirse con arbitrariedad.

El verdadero desafío no es construir cárceles cada vez más extensas, sino lograr que quienes entren en ellas dejen de producir víctimas afuera. Los resultados deberán medirse con datos verificables y no con propaganda política.

CECOT, El Encuentro, CACCO y Renacer muestran una tendencia continental: el Estado recupera la idea de que privar de la libertad debe significar también quitarle al criminal su capacidad operativa. Es una respuesta legítima frente a organizaciones que durante años han usado las cárceles como centros de mando. Pero solo tendrá sentido si logra algo más profundo: proteger a quienes cumplen la ley sin sacrificar los principios que distinguen a una democracia de aquello que combate.

Los derechos humanos pertenecen a todos, también a quienes están privados de la libertad. Pero pertenecen igualmente al comerciante que paga impuestos, al trabajador que regresa a casa, a la familia que quiere vivir sin amenazas y a la víctima que espera justicia. Después de tantos años en que las armas, las extorsiones y el miedo silenciaron a millones de personas, quizá el verdadero propósito de estas cárceles sea ese: recuperar ¨el silencio que necesitan las víctimas¨.