Que no nos gobierne el deseo de que al otro le vaya mal.

Hay una frase que aparece en conversaciones y redes sociales cuando un gobierno enfrenta dificultades: “Ojalá le vaya mal”. Se pronuncia desde la rabia o como provocación. Casi nunca pensamos en lo que deseamos: que fracase una gestión pública, aunque las consecuencias recaigan sobre millones de personas ajenas a las decisiones del gobernante.

No se trata de defender a ningún presidente ni de callar frente a sus errores, sino de preguntarnos por qué confundimos la derrota del adversario con una victoria propia.

La psicología social ayuda a entenderlo. La pertenencia a un grupo político ofrece identidad y seguridad, pero también puede llevarnos a juzgar con más dureza a quienes están fuera de él. Cuando la identidad partidista se vuelve frontera emocional, evaluamos las medidas según quién recibirá el reconocimiento y no por sus resultados. Un logro del contrario se siente como una pérdida propia; su tropiezo, como motivo de celebración.

No es un rasgo exclusivo de Colombia ni significa que todos pensemos igual. Sin embargo, hay señales preocupantes. El Edelman Trust Barometer 2026 encontró que el 77 % de los colombianos se muestra reacio o indeciso a confiar en personas cuyos valores, fuentes de información o formas de resolver problemas difieren de las propias. Apenas el 36 % consulta semanalmente fuentes de orientación política distinta a la suya, y solo el 39 % cree que la próxima generación vivirá mejor que la actual. No prueban que todos deseemos el fracaso ajeno, pero advierten lo complicado que resulta escucharnos.

La Encuesta de Cultura Política del DANE encontró que apenas el 18,7 % considera fácil o muy fácil organizarse con otras personas de su comunidad para trabajar por una causa común. En 2023, solo el 6,6 % manifestó confiar mucho en los partidos políticos. Las cifras no explican por sí solas la confrontación, pero revelan la tarea pendiente de reconstruir la confianza y cooperar.

Si un gobierno mejora la atención en salud, reduce un delito, genera empleo o recupera una escuela, ¿debería importarnos menos porque el resultado pueda beneficiar a alguien con quien discrepamos? ¿Podemos alegrarnos de que una familia reciba atención médica y exigir, al mismo tiempo, que el sistema corrija sus fallas? Por supuesto. Reconocer un acierto no equivale a convertirse en seguidor; denunciar un error tampoco obliga a odiar a quien lo cometió.

Un presidente termina su mandato y continúa su vida con los reconocimientos o críticas que merezca. Los ciudadanos permanecemos aquí y enfrentamos sus consecuencias. Desear que una administración fracase para evitar que sus simpatizantes celebren puede castigar a la sociedad entera, sobre todo a quienes tienen menos recursos para protegerse de una crisis o del deterioro de los servicios.

Eso no significa concederle al gobernante un cheque en blanco. La democracia necesita oposición, periodismo crítico, organismos de control y ciudadanos que pregunten por presupuestos, contratos, resultados y promesas incumplidas. Exigir que el gobierno corrija es responsabilidad democrática; desear que fracase, aunque el daño recaiga sobre la gente, es irresponsabilidad colectiva.

En el Valle del Cauca, la atención a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto nos obliga a ser especialmente cuidadosos. Quienes perdieron su vivienda, sus pertenencias o la tranquilidad de su familia necesitan acompañamiento y soluciones, no convertirse en instrumentos de una disputa entre dirigentes. Es legítimo exigir información sobre recursos y plazos, y cuestionar demoras. Pero reconstruir después de una catástrofe requiere evaluaciones técnicas, estudios de riesgo, diseños, procesos contractuales, presupuesto y controles legales. La urgencia humana exige cumplirlos con diligencia y explicar los obstáculos.

En un conversatorio en Cali, según el relato que acompaña esta reflexión, se expuso el caso de recursos donados por particulares para recuperar el colegio público Nuevo Latir, que no podían ejecutarse mientras faltaran documentos y tramites exigidos para intervenir una institución estatal. El caso recuerda que disponer de recursos no siempre permite ejecutarlos de inmediato. Eso no justifica la inacción; exige coordinación, transparencia y soluciones oportunas. Ninguna familia debería tener que elegir entre banderas partidistas para recibir ayuda.

La prudencia ciudadana exige distinguir entre fiscalizar y sabotear, discrepar y deshumanizar. Antes de compartir, contrastemos la información y preguntémonos si buscamos comprender o alimentar el desprecio. En tiempos de campaña, esta responsabilidad importa todavía más. Con el ambiente preelectoral ya instalado, las críticas dejan de buscar la corrección para enfocarse en la victoria: sectores de la oposición e incluso de la misma derecha prefieren que al gobierno le vaya mal con tal de arrebatarle o restarle poder. Es un error recurrente entre los colombianos desear el fracaso del presidente sin advertir que, al final, la factura no la paga el gobernante, sino la misma ciudadanía. El dolor y la frustración no pueden convertirse en simple combustible electoral.

Colombia no necesita que dejemos de discutir; necesita que discutamos mejor. Exijamos resultados sin negar avances, señalemos fallas sin celebrar el sufrimiento y cambiemos de opinión cuando los hechos lo ameriten. El país no pertenece a un presidente ni a un partido: también es de quienes votaron en contra, se abstuvieron o esperan respuestas.

Antes de desear que al otro le vaya mal, preguntémonos quién pagará el precio. Casi nunca lo paga únicamente el gobernante: lo pagan trabajadores, familias, pacientes, estudiantes y comunidades que esperan soluciones. Ser prudentes con nosotros mismos significa exigir, vigilar y corregir sin convertir el fracaso ajeno en nuestro objetivo. Por eso, por encima de las diferencias y de cualquier cálculo electoral, que no nos gobierne el deseo de que al otro le vaya mal.