Abelardo, veníamos bien, no volvamos a lo de siempre.

Hay un cansancio más hondo que el del bolsillo, el de las promesas rotas. En campaña se habló de un Estado más austero, de una reforma para bajar impuestos y de no pertenecer a la rosca; el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo dijo entonces que subir impuestos "ya no es posible". El 29 de octubre llegó al Congreso una Ley de Rescate Fiscal de 106 artículos con cambios en el IVA, en la renta y en los aportes a salud.

No se trata de negar que las cuentas estén mal, pues el Gobierno proyecta que el servicio de la deuda llegue a $155 billones y el Estado gasta más de lo que recibe. Se trata de algo más sencillo: 10,4 millones de colombianos votaron en primera vuelta por quien se presentó como distinto a los mismos de siempre, y hoy sienten que la historia se repite, con la cuenta cargada sobre los mismos de siempre.

Por eso esta columna no quiere repetir el debate sobre cuánto sube cada impuesto, sino mostrar de dónde se puede recortar sin pasarle la cuenta al pueblo. Del presupuesto de 2027, de $634,9 billones, $392 son gastos de funcionamiento, y cerca de tres cuartas partes son transferencias, como pensiones y recursos para las regiones, que no se tocan sin hacerle daño a la gente. La franja realmente recortable es más estrecha: unos $72 billones de gastos de personal y casi $18 de bienes y servicios.

El primer lugar es la contratación por prestación de servicios. La Contraloría reportó 501.423 órdenes por $22,3 billones firmadas al arrancar 2026, antes de la Ley de Garantías, y el proyecto propone reducirlas a la mitad en 2027. Hay contratistas que sostienen servicios reales, de modo que el recorte debe ser inteligente: que cada contrato diga en el SECOP qué producto entrega, que exista un tope por entidad y que quien no muestre resultados no se renueve. Además, las cuentas oficiales no cuadran entre sí, pues el decreto 1585 cuenta $3 billones de ahorro en funcionamiento, mientras la exposición del proyecto habla de $9,6 billones anuales; el país merece un solo tablero público que muestre cada mes cuánto se ha recortado de verdad.

El segundo lugar es la estructura misma del Ejecutivo. De 209 entidades, el Gobierno propone suprimir, fusionar o reorganizar 105, con un ahorro estimado de $8,6 billones, y el precedente existe, pues en 2003 se reestructuraron 465 entidades con facultades extraordinarias. Para que ahora funcione, esas facultades deben llegar con condiciones: lista pública de lo que desaparece, cronograma, costo de las liquidaciones e informe trimestral al Congreso, porque el ahorro no llega el primer día y la gente debe saberlo.

El tercero es la nómina y la pirámide de salarios. No se trata de recortar a quien enseña, cura o patrulla, sino cargos administrativos y de confianza, vacantes que no hagan falta y las escalas más altas. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el secretario general del Senado recibe cerca de $53 millones mensuales, más que un congresista. Su costo integral para el Estado, con primas y aportes, ronda los 82 millones. El subsecretario llega a 98 millones de ingresos. Precisamente se ordenó que los ministerios informen cada tres meses cuántos cargos de confianza ocupan, y esa información debería ser pública.

El cuarto es la Unidad Nacional de Protección, con $2,97 billones aprobados para 2027 y casi 11.000 personas protegidas al entregarse el empalme. Muchas están en riesgo real y no se trata de retirarles la protección, sino de auditar cada esquema y cada vehículo, más aún cuando se han reportado costos elevados y una flota duplicada.

El quinto es el ejemplo. El Congreso cuesta cerca de 1,08 billones en funcionamiento según el proyecto de presupuesto, y la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría suman unos 5 billones más; son cerca de 6 billones, casi el 70 % de lo que se espera ahorrar fusionando 105 entidades. En el primer debate del presupuesto, las comisiones económicas respaldaron asignarle $1,2 billones al propio Congreso, y el Ministerio de Hacienda pidió archivarlo. A mi juicio, es hora de reducir el Congreso, eliminar la Procuraduría y acabar con contralorías y defensorías tal como existen, entes que se eligen entre políticos; hay quien responde que el problema es cómo se eligen, y es un debate legítimo, pero ninguna institución debería ser intocable. Esa reforma tendría que pasar por el mismo Congreso, así que solo la presión ciudadana la moverá; los salarios, en cambio, los fija el Gobierno por decreto, como mostró el 0030 de 2026.

Queda lo que ya se debe, que no exige impuestos nuevos: el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, calcula que el contrabando cuesta 8 billones en IVA y aranceles no recaudados, y la evasión se estima entre 5 % y 8 % del PIB según distintas mediciones. En campaña se prometió inteligencia artificial para reducirla drásticamente, y ese es el cobro que el país espera antes de pedirle más a quien ya paga.

Hay que reconocer un primer paso: el decreto 1585 anunció un recorte de $13,8 billones, aunque solo $3 corresponden a funcionamiento, pues $4 vienen del menor costo de la deuda por el tipo de cambio y $6,8 de contratos que no alcanzarían a ejecutarse. Pesa además que el presupuesto de 2027 sea 14,2 % mayor que el de 2026 cuando se prometió un Estado 40 % más pequeño; buena parte se explica por deuda y obligaciones inaplazables, pero la promesa fue clara.

La gente no está cansada de pagar, está cansada de que le incumplan. Cuando el trabajador que paga su transporte, su almuerzo y sus impuestos ve que el recorte se anuncia mientras el impuesto se radica, el cansancio se convierte en ira y en dolor. Lo vivimos en 2021, cuando una reforma tributaria que se sintió injusta terminó retirada tras semanas de protestas. No lo deseamos, lo advertimos.

Por eso la exigencia, con respeto y con altura, es una: que el recorte vaya primero y se pueda verificar, con tablero público, metas trimestrales y nombres de entidades; que ningún impuesto nuevo se discuta antes de ver esa poda; que el Congreso dé el ejemplo. Quedan cuatro debates, y en cada uno tenemos derecho a escribirles a nuestros congresistas, a seguir sus votos y a recordarlos en las urnas. Sin odio, sin insultos y con la firmeza serena de quien ama a su país, solo nos queda pedirle al presidente, con el respeto de quien todavía quiere creer, que recuerde lo que prometió: Abelardo, veníamos bien, no volvamos a lo de siempre.